Al convertir a Francesca Albanese en el rostro del combate, el presidente incurre en una falta de extrema gravedad
Autor: Manuel Valls, x primer ministro de la República Francesa (2014-2016). Ilustración: Luis Parejo
Hay combates que se equivocan de héroe. Al dirigir esta semana una carta a Ursula von der Leyen para reclamar la activación del «estatuto de bloqueo» europeo en favor de Francesca Albanese, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no se ha limitado a elegir un bando diplomático: ha decidido convertir en icono a una figura cuya trayectoria, acumulada a lo largo de los últimos meses, bastaría por sí sola para descalificar cualquier pretensión de hablar en nombre del Derecho internacional.
Que las sanciones estadounidenses decididas por la Administración Trump en el verano de 2025 contra la relatora especial de la ONU planteen cuestiones jurídicas serias es algo que nadie discute. La protección de las instituciones multilaterales es un asunto legítimo, y resulta razonable el argumento según el cual un tercer Estado no puede dictar quién está autorizado a ejercer, o no, un mandato de Naciones Unidas. Pero al convertir a Francesca Albanese en el rostro de ese combate, al erigirla en símbolo de la justicia internacional perseguida, Pedro Sánchez incurre en una falta moral y política de extrema gravedad. Porque no está defendiendo una institución: está concediendo un cheque en blanco europeo a una militante.
Recordemos, pues, quién es la persona a la que el Gobierno socialista pretende cobijar bajo el escudo de la Unión. El pasado 7 de febrero, la señora Albanese aceptó intervenir, por videoconferencia, en el 17º Foro de Al-Yazira, celebrado en Doha; un encuentro cuya nómina de oradores incluía, entre otros, a Jaled Meshal, dirigente histórico de Hamas; y a Abás Araghchi, ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán. Que la relatora especial de Naciones Unidas para los territorios palestinos haya considerado aceptable figurar en el programa de semejante tribuna, junto a representantes de dos regímenes que llaman abiertamente a la destrucción del Estado de Israel, no es ni una casualidad ni un detalle logístico. Es una toma de posición. Y también lo es lo que dijo allí. Describiendo la política israelí hacia los palestinos como un «genocidio» y un régimen de «apartheid», sostuvo que dicha política había sido «armada, apoyada y acompañada» por las grandes potencias y los grandes medios de comunicación, antes de concluir: «Nosotros, que no controlamos grandes capitales financieros ni algoritmos ni armas, vemos ahora que, como humanidad, tenemos un enemigo común». Conviene releer la frase con detenimiento. En esa construcción, el enemigo común de la humanidad no es explícitamente Israel: lo es la supuesta convergencia entre los capitales, los medios y las armas que lo sostendrían. Dicho de otro modo, el esquema clásico –y tristemente familiar– de un poder oculto que mueve los hilos del mundo en beneficio de Israel. Ya no se trata de una crítica política: es una matriz conspirativa, cuyos resortes hunden sus raíces en el imaginario antisemita más antiguo, el de una dominación judía encubierta sobre las finanzas, la información y la guerra. Que semejante tesis sea formulada por la titular de un mandato de Naciones Unidas, en videoconferencia, ante un dirigente de Hamas y un ministro iraní, lo dice todo sobre el extravío de su función.
Y no es el primer episodio. Ya en noviembre de 2022, la señora Albanese participó en una conferencia en Gaza junto a cuadros de Hamas. Tras las masacres del 7 de octubre de 2023 –la peor matanza antisemita desde la Shoah–, relativizó, e incluso puso en duda, la realidad de las violaciones y las mutilaciones sexuales documentadas por las propias organizaciones internacionales. Comparó a Israel con el III Reich. Evocó la existencia de un «lobby judío». El pasado mes de septiembre, humilló públicamente a un alcalde italiano por haberse atrevido a mencionar a los rehenes aún retenidos en Gaza. He ahí el inventario. He ahí la persona a la que el jefe de un Gobierno europeo pretende proteger en nombre del Derecho internacional.
El código de conducta de los relatores especiales de Naciones Unidas es, sin embargo, meridiano: imparcialidad, mesura, independencia. Un mandato de la ONU no es ni una tribuna militante, ni un salvoconducto ideológico, ni una licencia para el odio. Al acumular provocaciones, al codearse con Hamas y Teherán, al relativizar los crímenes del 7 de Octubre, Francesca Albanese no defiende ni la causa palestina –a la que perjudica profundamente al ligarla a un imaginario conspirativo– ni el espíritu de la ONU, cuya vocación pacificadora traiciona cada día un poco más. No debería ser protegida: debería dimitir.
Es precisamente eso lo que hace tan inquietante la iniciativa de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno español conoce perfectamente este expediente. Lo sabe. Y, pese a ello, opta por movilizar a las instituciones europeas, por buscar una coalición de Estados miembros, por inscribir el asunto en la agenda del Consejo Europeo de junio, a fin de erigir en causa continental la defensa de una relatora cuyas palabras han sido condenadas incluso por las cancillerías más críticas con la política israelí: Francia lo hizo sin reservas desde la tribuna de la Asamblea Nacional, exigiendo la dimisión de la señora Albanese. Sánchez, en cambio, hace lo contrario. Convierte a una militante en mártir, y el odio que profiere, en causa justa.
Esta confusión es peligrosa por tres razones. Lo es para los judíos de Europa, que ven a un dirigente occidental legitimar, por contagio, un discurso que los señala. Lo es para la credibilidad misma de Naciones Unidas, ya debilitada por los desvaríos de varios de sus expertos mandatados. Y lo es, finalmente, para los propios palestinos, cuya causa merece algo mejor que ser portada por una voz que banaliza la matanza del 7 de Octubre y confraterniza con sus instigadores.
Europa puede, y debe, defender la independencia de la Corte Penal Internacional. Puede, y debe, rechazar que se sancione a magistrados por hacer su trabajo. Pero no puede, so pretexto de defender instituciones, amparar indistintamente a todos cuantos se escudan en ellas. Distinguir el Derecho internacional de los desvaríos personales de algunos de sus portavoces no es una concesión a Washington: es una exigencia de lucidez.
Al hacer confundirlo, Pedro Sánchez no eleva a Europa. La rebaja. Convierte un debate jurídico legítimo en aval político de una retórica inaceptable. Y obliga al resto de las capitales europeas –París en primer lugar– a decir con claridad lo que debería caer por su propio peso: el Derecho internacional no se defiende parapetándose detrás de quienes lo deshonran.
Fuente: https://www.elmundo.es/opinion/2026/05/10/69ff098de85ece6f7d8b4572
