Las críticas de varias democracias a la antisemita relatora de la ONU para Palestina revelan fallos estructurales en el sistema del Consejo de Derechos Humanos y reabren el debate sobre su reforma.
Foto: Reuters
Autora: Marina Rosenberg*
Cuando, en cuestión de días, seis democracias piden la dimisión de una funcionaria de Naciones Unidas, algo está cambiando.
Francesca Albanese, relatora especial de la ONU para los territorios palestinos, ha convertido su mandato en una plataforma de ataques políticos bajo el disfraz de la defensa de los derechos humanos. Y, por primera vez en mucho tiempo, varios gobiernos han decidido decirlo públicamente.
Un ejemplo reciente lo ilustra con claridad. Tras las operaciones conjuntas de Estados Unidos e Israel en la República Islámica de Irán, Albanese arremetió, publicando:
«Acabo de regresar de Jordania, con una claridad sin precedentes sobre lo que —desde y a través de Palestina— el eje Israel/Estados Unidos le está haciendo a toda la región. Duele ver lo que está ocurriendo. ¿Cómo es posible que tantos no lo vieran venir? El Gran Israel revelado».
El tropo es evidente. Una vez más, Albanese recurrió a insinuar conspiraciones de «dominación mundial judía», esta vez sugiriendo lo que podría interpretarse como una acusación de manipulación israelí de Estados Unidos para usar la fuerza con el objetivo de expandir el «Gran Israel».
No se trata de un episodio aislado.
Semanas antes, en una conferencia de Al Jazeera, se refirió a Israel como un «enemigo común» de la humanidad. Aunque ha negado que eso fuera lo que quiso decir, esa interpretación se ha extendido ampliamente.
El 11 de febrero, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, condenó las «escandalosas y censurables declaraciones» de Albanese.
Señaló que estaban «dirigidas no contra el Gobierno israelí, cuyas políticas pueden ser criticadas, sino contra Israel como pueblo y como nación, lo cual es totalmente inaceptable». La llamó «una activista política que incita al discurso de odio», y citó su «larga lista de posiciones escandalosas», entre ellas «comparar a Israel con el Tercer Reich».
Posteriormente, los ministros de Exteriores de Alemania, Italia, Austria y la República Checa emitieron declaraciones en las que también pidieron su renuncia.
Pero este momento de claridad moral expone una verdad incómoda: el sistema del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para nombrar, supervisar y destituir a relatores especiales está fundamentalmente quebrado.
Sin una reforma estructural, Albanese no será la primera ni la última en abusar de un mandato de la ONU. De hecho, Richard Falk, uno de sus predecesores, también acumuló un largo historial de declaraciones antisemitas e incendiarias durante su mandato como relator especial entre 2008 y 2014.
El historial de Albanese habla por sí mismo.
Describió la masacre perpetrada por Hamás el 7 de octubre —que incluyó el asesinato de bebés, ancianos y familias enteras— como una respuesta «lógica» a la ocupación.
Ha difundido tropos antisemitas sobre el poder judío, ha promovido la distorsión del Holocausto y ha participado en eventos junto a individuos que celebraron los ataques del 7 de octubre.
Esto no es defensa de los derechos palestinos: es la instrumentalización de una plataforma de la ONU para legitimar la violencia contra los judíos y demonizar al único Estado judío del mundo.
«El silencio de la ONU transmite un mensaje inquietante: cuando se trata de Israel y los judíos, las reglas no se aplican»
Lo que vuelve esto especialmente insidioso es el respaldo institucional de la ONU. Sus declaraciones tienen peso institucional. Sus informes se citan en todo el mundo.
El logo de la ONU termina otorgando credibilidad al antisemitismo, mientras el silencio del Consejo transmite un mensaje inquietante: cuando se trata de Israel y los judíos, las reglas no se aplican.
Pero, incluso ante pruebas abrumadoras y con varias democracias reclamando su destitución, el sistema del Consejo de Derechos Humanos de la ONU carece de una rendición de cuentas efectiva. El proceso de nombramiento es, en el mejor de los casos, opaco y, en el peor, transaccional.
Los candidatos son nominados por los Estados, revisados por un grupo consultivo de bloques regionales y seleccionados por la presidencia del Consejo tras «amplias consultas».
En teoría, el sistema prioriza la independencia y la imparcialidad. En la práctica, es profundamente político.
Los bloques regionales intercambian apoyos para respaldar a determinados titulares de mandato.
Los Estados promueven candidatos alineados con sus intereses. Y dado que la aprobación final se decide en el propio Consejo —donde el voto suele reflejar alianzas políticas—, existe poco incentivo para evaluar la objetividad o excluir a quienes tienen prejuicios documentados.
Albanese es un ejemplo claro de este fracaso. Antes de su nombramiento, acusó públicamente al «lobby judío» de controlar la política exterior estadounidense y describió a Israel como un Estado de apartheid.
Estas evidentes preconcepciones no se consideraron señales de alerta descalificadoras: fue nombrada no a pesar de sus prejuicios, sino precisamente por ellos.
Una vez designados, los relatores especiales son prácticamente intocables. El código de conducta existe, pero su aplicación es discrecional y rara vez se invoca.
La destitución requiere una resolución del Consejo, lo que implica reunir una mayoría en un órgano cuyos 47 miembros incluyen a Cuba, China y otros violadores sistemáticos de derechos humanos.
¿El resultado? Los antisemitas operan con una impunidad casi total.
Esta es la paradoja: un órgano dedicado a los derechos universales opera según cualquier cosa menos principios universales. Israel sigue siendo el único país con un punto permanente en la agenda de cada sesión —el Punto 7—, lo cual garantiza condenas ritualizadas.
«El sistema que tolera el antisemitismo de los titulares de mandatos es el mismo que no responsabiliza a quienes encubren abusos en China, Venezuela o Irán»
Mientras tanto, la detención masiva de uigures en China, las ejecuciones de miles de manifestantes en Irán y los crímenes de guerra de Rusia reciben un escrutinio comparativamente menor.
En este contexto, destituir a un relator especial por sus prejuicios antisemitas y antiisraelíes no depende de las pruebas. Depende de los votos. Y esos votos no están.
Pero los problemas de acción colectiva no son insuperables: requieren liderazgo, coordinación y presión.
Por primera vez en años, hoy existen las tres.
Estados Unidos impulsa una reforma más amplia de la ONU centrada en la rendición de cuentas. Y varias democracias europeas, durante mucho tiempo reacias a confrontar la disfunción del Consejo, empiezan a hablar con una claridad poco habitual.
Esto refleja una preocupación creciente: que la credibilidad del Consejo se esté erosionando bajo el peso de sus dobles raseros.
Crucialmente, esto no se trata sólo de Israel. El sistema que tolera el antisemitismo de los titulares de mandatos es el mismo sistema que no responsabiliza a quienes encubren abusos en China, Venezuela o Irán.
La reforma beneficia a cualquiera que crea que las instituciones de derechos humanos deben cumplir su propósito declarado.
Una reforma significativa requiere una evaluación transparente y rigurosa de los candidatos. Y el Punto 7 de la agenda debe terminar. Todos los países deben ser tratados por igual.
El escándalo Albanese no es una anomalía. Es el resultado lógico de un sistema que ha perdido el rumbo. La pregunta es si exigiremos algo mejor o permitiremos que el próximo abuso se desarrolle bajo la bandera de la ONU.
La respuesta determinará si el Consejo de Derechos Humanos de la ONU seguirá siendo una institución creíble o terminará recordado como un organismo que traicionó su propia misión.
* Marina Rosenberg es la vicepresidenta sénior de Asuntos Internacionales de la Liga Antidifamación
